EL CASO DEL BONO SOCIAL

Civio, una entidad que lucha por gobiernos e instituciones transparentes y personas informadas, descubrió en 2019 que el código fuente detrás de BOSCO tenía fallos debido a que denegaba el bono social a personas que sí que tenían derechos a recibirlo.

Siguiendo la Ley de Transparencia, pidió el código fuente y otra información técnica de BOSCO, pero el Consejo de Transparencia sólo impulsó al Gobierno a entregar parte de la documentación solicitada. Documentación que no incluía el código fuente.

Frente la negativa del Consejo de Transparencia de obligar a hacer público el código fuente del bono social eléctrico, Civio tomó acción y presentó un recurso al contencioso-administrativo alegando que «que se nos regule mediante código fuente o algoritmos secretos es algo que jamás debe permitirse en un Estado social, democrático y de Derecho».

El pasado 30 de diciembre de 2021, se publicó la sentencia al recurso, siendo esta desestimatoria:

Siguiendo la sentencia, el gobierno rechaza la revelación del código fuente alegando que la difusión del código supondría un problema por la seguridad pública, defensa nacional y propiedad intelectual. La Ley de Transparencia ya prevé en estos casos que los límites legales no afecten a la totalidad de la información del código fuente, se debe conceder un acceso parcial a la información requerida. Tal y como dice Civio, este acceso parcial es el que permitiría revelar la parte del código que evalúa si una persona cumple con los requisitos para beneficiarse del bono social.

Civio ya ha presentado un recurso de apelación al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, ¡seguiremos pendientes de la resolución!